La condena a 25 años de prisión impuesta el martes al ex presidente peruano Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad ha satisfecho a juristas y organizaciones de derechos humanos, que consideran que sienta un precedente muy positivo para los sistemas de justicia.
Human Rights Watch (HRW) definió la decisión judicial como un mensaje "muy poderoso" para la región. El chileno José Miguel Vivanco, director del organismo, destacó que es la primera vez en el mundo que se condena a un ex jefe de Estado, democráticamente elegido, en los tribunales de su país por delitos cometidos durante su mandato. Amnistía Internacional, por su parte, consideró la sentencia como un "hito" en la lucha contra la impunidad.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Internacional de Juristas, que agrupa a 60 expertos y tiene su base en Ginebra. "A pesar de las dificultades, Perú ha demostrado que estos crímenes no pueden quedar impunes y que es posible garantizar un juicio justo en el país donde estos hechos se han producido", señaló ayer su secretario general, Wilder Tayler.
El Tribunal Supremo de Perú declaró culpable a Fujimori (1990-2000) de 25 asesinatos cometidos por un escuadrón paramilitar en el contexto de la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso y de dos secuestros.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa, que fue derrotado por Fujimori en las presidenciales de 1990, declaró al diario limeño La República que la sentencia servirá como "vacuna contra futuros dictadores y golpes de Estado". Vargas Llosa agregó que "francamente" no había pensado que se sancionaría a Fujimori y destacó que Perú es uno de los primeros países en castigar de una manera "civil y democrática a un dictador".
La familia del ex presidente, por el contrario, acusa a la justicia peruana de haber desatado una caza de brujas por motivos políticos. Su hija, la congresista Keiko Fujimori, ha anunciado la movilización de sus seguidores. "El fujimorismo no va a quedarse de brazos cruzados", señaló la parlamentaria, aspirante a la presidencia de país suramericano en las elecciones de 2011. El Gobierno de Japón, por su parte, ha indicado que "seguirá observando hasta que finalice" el proceso judicial contra el ex presidente, que tiene las nacionalidades peruana y japonesa. Fujimori compitió en 2007 por un escaño en el Senado japonés por el Nuevo Partido de los Ciudadanos (NPC), pero perdió.
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