Hace dos días entró en vigor el estado de emergencia y con ello muchas instituciones públicas dejaron de funcionar. Muchos abogados nos quedamos con audiencias pendientes, y es el caso que en el estudio LSyB (estudioleon.pe)teníamos un patrocinado detenido por la Policía Judicial que necesitaba realizar los trámites necesarios para cambiar su condición de reo contumaz a comparecencia y esto tenía que decidirlo un Juzgado diferente del lugar donde se encontraba (tres horas de viaje).
El lunes no funcionaba el Poder Judicial, y aún no salían las normativas internas para definir juzgados de emergencia. Sin embargo, ante ello la magistrada del lugar que solicitaba a nuestro patrocinado, tomó a bien contestar el teléfono, brindarnos su número de celular y permitir que las solicitudes y escritos necesarios sean enviados vía WhatsApp (fallaba su conexión de internet en sus computadoras). Ya es conocido que en casos excepcionales se permite las audiencias vía este medio, pero era la primera vez que un magistrado aceptaba que los escritos le sean enviados por este medio y de la misma manera responder y cursar oficios a la Policía Judicial, quien también aceptó usar este medio de comunicación.
Esto nos invitó a reflexionar en la forma en la que vemos los procedimientos ya sean judiciales y administrativos. Olvidamos, en un día normal, que el procedimiento se hizo para solucionar la vida de las personas y que fueron dados en una época determinada.
Cargamos con excesos ritualísticos que tienen una justificación vetusta en dar seguridad a nuestro trámite, para que no sean adulterados o perdidos. Hoy en día con la tecnología que está al alcance de nuestra mano, podemos superar todas esas incertidumbres sobre nuestros pedidos y utilizar herramientas de fácil alcance. La buena fe y la veracidad de lo que solicitamos no es sinónimo de papel, sino de probar su autenticidad.
A todo ello tenemos las casillas electrónicas del Poder Judicial, que son tan obsoletas en cuanto a una comunicación efectiva (ni las fotografías anexadas llegan a colores). Debemos de propiciar un cambio en el sector público. En acostumbrarnos a usar nuestro correo electrónico, en que los funcionarios y servidores públicos entiendan que pueden usar nuestros números telefónicos y en consecuencia nuestros WhatsApp para una comunicación efectiva, pudiendo enviarnos y recepcionando documentos. Y lo más importante, que todo el sector público entienda que CONTESTAR UNA LLAMADA es de vital importancia pues, a quién no le ha pasado que intenta llamar a diferentes instituciones públicas y no contestan y si lo hacen se limitan a decir que por esa vía “no te pueden dar información”. En fin, lo que hizo aquella jueza es digno de aplaudir: contestar el teléfono, permitir una comunicación directa, utilizar su WhatsApp, enviar oficios mediante WhatsApp y sobre todo entender que su cargo es de servicio.
