REALIDAD NACIONAL Y ACUERDO NACIONAL
1. INTRODUCCIÓN:
Los sucesos sean políticos, sociales, económicos determinan el viraje del gobierno de turno de cualquier país, enmarcado dentro de la gobernabilidad que ostenta el poder. Aquellos factores relacionan de manera directa con la percepción que tienen los actores de un país, sea esta la relación de gobernante y gobernado.
La Constitución Política del Perú, establece que el poder emana del pueblo, de ello inferimos que la sociedad civil tiene en sus manos el poder, que lo manifiesta en las elecciones ya sean locales, regionales y nacionales, pero que tan cierto es aquello, ya que basándonos en una democracia representativa, sólo basta con elegir a unos cuantos representantes que al momento que suben al poder dan la espalda al pueblo ocasionando una serie de actos que afectan la gobernabilidad del país.
De lo descrito en el párrafo anterior podemos analizar lo ocurrido en el país en este corto medio año, ya que el Perú ingresó las salas redacciones de prensa a nivel internacional por diversos hechos ocurridos, dentro de los cuales los más resaltantes encontramos el juzgamiento a un ex presidente y hechos de violencia con comunidades nativas en la Amazonía.
Es necesario poder desarrollar un análisis de la realidad nacional, ya que como peruanos no podemos estar alejados de lo que sucede a nuestro alrededor, pues como ya dijimos en párrafos anteriores la sociedad civil tenemos la misión de velar por un buen ejercicio del poder que los hemos concedido a varias personas para que nos representen dentro de las oficinas de dirección de los estamentos estatales; en ese orden de ideas nuestra participación tiene que ceñirse en concordancia del acuerdo nacional que abarca diferentes áreas de acción como democracia y estado, equidad y justicia social, competitividad del país, para determinar un estado eficiente y capaza de llevar políticas acorde con la realidad de su pueblo, satisfaciendo las necesidades de su población.
2. VISIÓN GLOBAL DE LOS SUCESOS MÁS IMPORTANTES:
Unos de los principales sucesos que puso al Perú en las noticias internacionales fue el juzgamiento del ex presidente Alberto Fujimori, quien en el impecable juicio fue sentenciado por delitos contra los derechos humanos en su pasado gobierno.
Dentro de aquel panorama sucedieron casos como lo ocurrido en VRAE, donde a inicios del año, murieron numerosos soldados, como recordaremos en una embosca las huestes de Sendero Luminoso atacaron al ejército peruano. A causa de ello se descubrió que menores de edad eran enviados a la zona de emergencia sin una buena preparación militar a razón de su corta edad, todo ello puso una vez más en cuestionamiento las decisiones estatales con respecto a la seguridad nacional, además de politizar el conflicto y no atender las verdadera causas del problema, ya que pese la presencia militar los pobladores de aquellas zonas aún no tenían los servicios básicos para poder desarrollarse.
La lucha contra la corrupción iniciada por este gobierno se vio opacada por la corrupción de militantes apristas que prácticamente vendía al Perú por los postores que le soltasen más dinero a sus arcas personales, dentro de ellos tenemos el caso que salió a la luz por llamados petro audios que encabezaba Rómulo León, un antiguo y cercano a la cúpula aprista.
Una huelga por más de 50 días en los pueblos Amazónicos trajo como consecuencia los trágicos sucesos del 5 de junio que colocaron al conflicto amazónico como el tema central en la agenda, para tratar los diversos asuntos de la realidad nacional. De ahí que este conflicto dio la señal de diversas poblaciones a lo largo de país tomen medidas similares, ya es el caso de Canchis en el Cusco, Sicuani en Puno, en la Oroya con los trabajadores de Doe Ram y los paros cada vez más frecuentes en Andahuaylas, todo ello sin contar los problemas de las regiones nortes, como en el caso de Cajamarca en las provincias de San Marcos y Cajabamba que se oponen a la explotación minera del cerro Mogol que viene a ser cabecera de cuenca del valle del río Crisnejas y el valle Condebamba.
Lo brevemente descrito han contribuido a que diversas encuestas, han determinado que percepción de las entidades públicas por parte de la sociedad civil es pésima, se les acusa desde la falta de probidad al momento de resolver conflictos, así como el gran mal que aqueja a todos los estamentos “la corrupción”. Esto nos da como mensaje que el aparato estatal no tiene legitimidad dentro de la sociedad, ocasionando una total desconfianza al momento de acudir como administrados a la entidad estatal, y por consecuencia una deficiente gobernabilidad.
Por un lado los representantes del gobierno, enmarcados en el parlamento, han demostrado la falta de representatividad que tienen con respecto al pueblo que los ha elegido.
Sin embargo el acuerdo nacional pretende englobar a todos los sectores sean estatales y sociales, tratando de hacer un trabajo de investigadores sobre las necesidades que urge el pueblo en su avatar de vivir.[1]
La exclusión sigue siendo un tema de todos los días, que se vio reflejada en las declaraciones de Alan García, sobre los casos del conflicto de la Amazonía.
El panorama internacional, no ha sido muy favorable hacia en el Perú, pues la comunidad internacional ha rechazado los sucesos últimos de violencia y ha culpado al gobierno por haberlos azuzados, y con respeto a las relaciones con otros países se encuentra en una tensa calma con Bolivia y Venezuela, pues ellos han sido acusados de haber interferido en los actos de violencia sucedidos en los meses pasado, con un afán desestabilizador del modelo económico imperante el país.
3. REALIDAD NACIONAL:
a. Juicio al ex presidente Alberto Fujimori
Es conveniente recordar que el juicio no ha sido de todo su gobierno, como nos quieren hacer creer muchas personas, sino que ha estado restringido a su responsabilidad en cuatro cargos: las ejecuciones extrajudiciales de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991), La Cantuta (18 de julio de 1992); y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti (5 de abril de 1992) y del empresario Samuel Dyer (27 de julio de 1992).
Los jueces hallan “responsabilidad penal de Alberto Fujimori en su condición de autor mediato a través de un aparato organizado de poder” y por ello lo condenan a 25 años de prisión.
Esta sentencia favoreció la imagen del Poder Judicial, ya que es unos de los pocos juicios que se han manejado con la más profunda e idónea probidad, respetando las máximas del derecho. Todo ello favoreció en un determinado momento la imagen del Perú a nivel internacional.
b. Caso Petro audios
Un país desarrollado la tasa de corrupción se reduce un sector social, que normalmente no son los encargados de la dirección del país. En el caso del Perú, la corrupción ha llegado a personas involucradas directamente con el gobierno, tal es la situación que hasta la hija de Rómulo León, acusado de vender el Perú al mejor postor, es congresista de la República, y es más el mismo Rómulo León ha sido parte del buró político del partido político que gobierna el país.
Si por un lado la visión que se ha estado tejiendo en la caso del juicio a Alberto Fujimori favoreció al Poder Judicial, casos como la de Rómulo León al concedérsele arresto domiciliario vuelven a perjudicar la trillada imagen que ostenta la justicia peruana. Es en ellos que procesos judiciales como los son del asesinato de la cantante Alicia Delgado han logrado favorecer como cortina de humo a tanto a la interpelación de los ministros a causa del conflicto en Bagua y también los beneficios que posee Rómulo León a causa de un arresto domiciliario.
Todo ello pareciese que es una confabulación para proteger a los que tejen hilos de corrupción dentro del aparato estatal, ya que del mismo modo se han puesto una serie de trabas al análisis por peritos de un computadora que al parecer contendría información valiosísima contra la mafia de corrupción que está presente en este gobierno.
c. Situación del VRAE
Esta zona, ubicada en los Valles del Río Apurímac y Ene, en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Junín (con límites con Cusco y Huancavelica ) ha estado desde la segunda semana de abril en el centro de la agenda nacional, luego del atentado en Sanabamba, Ayahuanco (Huanta) que costó la vida de 15 soldados (uno de ellos menor de edad) emboscados por los rezagos de Sendero Luminoso (SL).
La estrategia del gobierno, llamada Plan Excelencia 777, iniciada en agosto del 2008, en la que muchos sostienen que al estar basada en una concepción puramente militar no toma en cuenta que la solución también requiere una mayor presencia estatal. Pero incluso desde una perspectiva puramente militar se han cometido importantes errores, como han dado cuenta los medios de comunicación durante el mes. Se ha mandado tropa sin experiencia de combate, mal apertrechada (por falta de presupuesto) y sin información clave de inteligencia. Todo ello ha permitido a Sendero sortear con relativa facilidad la ofensiva y proteger sus columnas moviéndolas del lugar hacia zonas como la llamada “Oreja de perro” en La Mar (Ayacucho).
También se ha criticado que no se halla actualizado el conocimiento sobre los rezagos de SL en esa zona. Se señala que no sólo han cambiado el discurso sino, que hoy tienen una íntima relación con el narcotráfico. José Carlos Agüero resume bien la crítica a la estrategia gubernamental “mezcla en sus objetivos dos problemas distintos: la subversión y el narcotráfico, sin enfrentar ninguno de los dos de modo integral (…) Sin una lucha frontal contra el narcotráfico, y propuestas económicas viables alternativas, las acciones tendrán poco impacto”([2]).
d. Problema de Bagua
El 9 de abril las poblaciones indígenas de la Amazonía iniciaron un paro general indefinido demandando la derogatoria de una serie de decretos leyes que consideran atentan contra sus derechos colectivos ancestrales:
+ 1020: que promueve la consolidación de la propiedad rural para el crédito agrario.
+ 1064: que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, incluyendo en ella a las tierras agrarias con recursos forestales. Dicho decreto elimina la negociación previa al establecimiento de la servidumbre minera, petrolera, gasíferas y otras.
+ 1080: que al modificar la ley de semillas deja abierta la puerta para la entrada de semillas transgénicas.
+ 1081: Que regula el uso del agua a través del Sistema Nacional de Recursos hídricos, eliminando las autoridades autónomas de Cuenca, y tienden a excluir “a los pueblos indígenas, pues no contemplan medida alguna que proteja el acceso de éstos a dichos recursos”.[3]
+ 1089: Que otorga a la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) la responsabilidad de formalización y titulación de predios rurales. La CNDDHH Considera que este decreto, junto con el 1064 “Genera incentivos hacia la parcelación de los territorios comunales, especialmente aquellos que carecen de un reconocimiento formal de la administración o de inscripción registral de sus títulos”
Pero además, la Coordinadora señala que “Según el mismo COFOPRI existen por titular 935 comunidades campesinas y 182 comunidades nativas; sin embargo, desde que se inició el proceso de fusión, no se ha expedido ninguna resolución de titulación a favor de comunidad alguna. En cambio, el COFOPRI está otorgando títulos a predios individuales (parcelas)”. Sabemos de sobra el motivo, los títulos individuales facilitan la venta de las tierras.
Llama la atención la gran solidaridad nacional e internacional que convocó la lucha amazónica. Podemos afirmar que desde que seguimos la coyuntura sistemáticamente (diciembre 2000) jamás hemos visto que un conflicto social genere tanta solidaridad interna y externa. Diversos pueblos, especialmente los de Bagua Grande (Utcubamba), Bagua Chica y Jaén. Como un testimonio de un sacerdote de Jaén nos cuenta “la gente de estos lugares ha sido muy solidaria con los nativos proporcionando refugio, medicinas y víveres. Incluso moto taxistas con riesgo de su vida llevaban heridos a los hospitales”
Ha sido particularmente significativa e importante la solidaridad de las iglesias y sobre todo de la Iglesia Católica con los indígenas. Empezando por el Presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Cabrejos, el Obispo de Sicuani, el de Cajamarca, la diócesis de Chachapoyas, el Vicariato Apostólico de Jaén de los jesuitas, y numerosos movimientos laicos y congregaciones: la Conferencia de religiosos, la Institución Teresiana, las comunidades de Vida Cristiana, el Movimiento de Profesionales Cristianos, la Comunidad Héctor de Cárdenas, EDOP, MIAMSI y otros. Dicha solidaridad eclesial jugó un papel importantísimo en el lugar de los hechos el 5 y los días siguientes a nivel local: parroquias y conventos tuvieron que acoger a los nativos que huían asustados, darles tranquilidad, asistencia legal, comida y atención medica, y ayudarlos a retornar sanos y salvos a sus lugares de origen.
Y externamente la lucha amazónica recibió la solidaridad de: El Consejo Mundial de Iglesias, Freedom House, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos del Canadá, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, etc. Esta última manifestó que “La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.
Todas ellas convergían en tres cosas: la demanda de poner alto a la violencia y la necesidad de diálogo entre las partes; la exigencia de la derogatoria de los decretos cuestionados (por haberse violentado el estado de derecho al no respetar la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo que exige la consulta previa) y “la necesidad de una investigación transparente para establecer el verdadero número de víctimas” ([4]). Esto último debido a que después del enfrentamiento la zona fue cercada por la Fuerza Armada y la Policía Nacional, impidiéndose el acceso del representante del Ministerio Público, la Defensoría y en general de cualquier autoridad civil o ciudadano hasta el 10 de junio.
e. Interpelación:
A causa de los sucesos de la Amazonía, la población mostro su descontento y se anunciaba una posible censura al gabinete del actual gobierno, lamentablemente, la situación política nacional, se acomodó de manera estratégica para apoyar de uno u otra manera al actual gabinete, ya que se accedió al debate de la interpelación de los ministros tanto Yehude Simon como Mercedes Cabanillas, pero al momento de la votación no alcanzaron los 60 votos más 1 que eran necesarios para que el consejo dimitiera su cargo.
Los eventos dentro de la farándula peruana, han favorecido como una presunta cortina de humo para que el pueblo olvide el caso de la interpelación de los ministros.
A todo ello se suma, los dimes y diretes que los congresistas son partícipes al momento de un debate dentro del congreso, esto ha ido calando y sentir la falta de seriedad y transparencia dentro del parlamento y ha puesto en situación de un show mediático a los debate que en antaño eran debates doctrinales sobre los rumbos legales del país.
4. ACUERDO NACIONAL:
Como todos los años, se reúnen un grupo de representantes de la sociedad civil, como de los gobernantes de los diferentes sitios, para analizar las políticas y sucesos que han arremetido en el país y tener miras a un objetivo claro a corto plazo, a ello que se le ha denominado el acuerdo nacional, que hasta posee una propia página web.[5]
Si bien es cierto que esto es una iniciativa loable, también es menester señalar si la población no tiene conocimiento de estos sucesos, y si realmente sus necesidades se ven reflejadas en los debates y exposiciones de esta reunión.
El último punto tocado es el estímulo económico, que permite un realce económico en los diferentes sectores, pero con la duda que esto va a verse reflejado en los bolsillos de la gente humilde que poco tiene.
Un verdadero acuerdo nacional debe de englobar desde las empresas nacionales o transnacionales que operan en el Perú, y también a las personas nativas de los diferentes sitios del país, tal es así, como los de Amazonía, los de la sierra de Canchis en el Cusco y Sicuani en Puno, una vez que aquella gente se sienta con representada van a surgir un verdadero plan que abarque a todos sin tintes discriminatorios.
Uno d los puntos más interesantes del acuerdo nacional, son las miras a fortalecer la democracia y el estado derecho, todo ello se logrará con una política inclusiva, para que el estado de derecho de Lima sea el mismo estado de derecho para una comunidad de la Amazonía, ya que en ese sentido el bienestar de unos no debe de opacar el de otros.
5. CONCLUSIONES:
· Todos estos acontecimientos trastocaron la gobernabilidad del país y la confianza que se estaba construyendo hacia las instituciones estatales.
· Producto del mal manejo político de los problemas sociales se han incrementado alarmantemente los conflictos sociales en todo el país.
· Existe una desestabilidad del gobierno en cuanto fueron sometidos a debate de interpelación a dos ministros de su gabinete.
· El congreso ha llegado a una fase de total descontento de la población, ya que si antes se tenía dudas de la representación de los legisladores, hoy no se siente tal representación y falla la visión de legitimidad acerca de ellos.
· Debe de canalizarse campañas por parte del gobierno e instituciones de la sociedad civil para dar a conocer a la población lo desarrollado en el Acuerdo Nacional
· Suplir las deficiencias estatales mediante el incentivo de formar una verdadera cultura democrática que se refleje en el quehacer diario y no sólo se manipule cerca de elecciones políticas.
· Es necesario abrir espacios de comunicación entre los gobernantes y gobernados que se vea intensificado desde los gobiernos, locales, regionales y central, de esa manera lograr concertación y tomar medidas necesarias para implementar el acuerdo nacional en todos los puntos analizados.
· Fortalecer capacidades de la población para participar en las mesas del presupuesto participativo, con ello logramos hacer sentir a la población que sus opiniones se tiene en cuenta al momento de ejecutar los proyectos o programas estatales.
· Encaminar e incentivar la organización civil, que se verá reflejado en decisiones acertadas al momento de elegir representantes para fiscalizar y legislar al gobierno de turno.
[1] http://www.acuerdonacional.gob.pe/Foros/antecedentes.htm
[2] ) J.C. Agüero “Situación De Derechos Humanos en la Zona del VRAE-Vizcatán” en CNDDHH Informe Anual 2008. El díficil camino hacia la Ciudadanía (Lima, abril 2009) p. 55
[3] http://www.unwater.org/. Para la Proyección al 2025 en el caso peruano se puede Consultar N. Nuñez Peru: Informe Nacional sobre Agua Potable y Saneamiento Situacion Y Perspectivas al Año 2025 (enero 2000).
[4] ) Comunicado de Freedom House, 10 de junio del 2009.
[5] http://www.acuerdonacional.gob.pe/Foros/
**** Gran parte del trabajo ha sido recogido de los análisis que realiza Pilar Arroyo, quien es miembro del Instituto Bartolomé de las Casas.
Publicado por CEDEIA - Cajamarca
Centro de Estudios del Desarrollo Iuris albus
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