¿A qué fuero le corresponde el juzgamiento del espía Ariza? ¿fuero militar o fuero común?

Por: Raúl Ferrero Jurista

El caso de Víctor Ariza es lamentable e injustificable. Siendo un suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) pasó durante varios años información privilegiada y secreta a las FF.AA. chilenas.
De las investigaciones realizadas y de la confesión del propio espía está claro que ha cometido un acto delictual que tiene que ser sancionado por haber revelado secretos nacionales y realizado espionaje a favor de un gobierno extranjero.

La pregunta que surge es si debe ser juzgado por el fuero común (ordinario) o por el militar.

A este respecto, la jueza del Juzgado Penal 58 de Lima, Antonia Saquicuray, quien inicialmente se hizo cargo del caso, considera que es a ella a quien le corresponde, por lo cual ha declarado infundada la inhibición planteada por el Juzgado Militar Policial de la FAP y el procurador público del Ministerio de Defensa.

Sin embargo el asunto no es tan simple, ya que la Constitución del Estado reconoce la jurisdicción militar, cuando en su artículo 139 señala que “no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral”, y a su vez el artículo 173 de la misma precisa que “en caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de justicia militar”.

El problema entonces es determinar si se trata de un delito de función o no.

Algunos sostienen que el fuero militar es estrictamente privativo y está para ventilar asuntos que comprometen solamente temas castrenses o bienes jurídicos que se circunscriben a proteger el adecuado funcionamiento de las FF.AA. y de la Policía Nacional (casos de desobediencia), pero no intereses que involucran a todos los peruanos. En este sentido ha manifestado la fiscal de la Nación, que el espionaje afectó al Estado en su conjunto, y por ello su investigación y juzgamiento corresponden al fuero común.

La posición contraria sostiene que se trata de un delito de función, ya que el ilícito se ha cometido en acto de servicio (hecho militar) y por un suboficial de la FAP (sujeto militar) afectando bienes jurídicos correspondientes a la actividad misma, pero sobre todo a las Fuerzas Armadas que son las encargadas constitucionalmente de garantizar la seguridad de la nación a través del Sistema de Defensa Nacional.

Así se dan los dos presupuestos copulativos que la Constitución exige para determinar el sometimiento de una persona al fuero privativo castrense, como son el sujeto activo militar y el hecho militar (sentencia de la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Lima del 12/12/97).

Nosotros nos inclinamos por la segunda posición que sostiene que se trata de un típico caso de delito de función que amerita un juzgamiento especializado a través de una investigación, que además de servir para corregir las debilidades de nuestro sistema de seguridad sobre documentación e información secreta, debe estar sujeta a controles eficientes que no permitan que pueda subrepticiamente ser entregada a personas extrañas a quienes velan por la seguridad del Estado. En el fuero castrense este inaceptable hecho servirá de experiencia para que no se vuelva a repetir.

Ante la contienda de competencia planteada por el Tribunal Militar Policial corresponderá a la Corte Suprema decidir a qué fuero corresponde este inadmisible caso de espionaje.

Fuente: http://elcomercio.pe/impresa/notas/que-fuero-le-corresponde-juzgamiento-espia-ariza/20091224/385440

Ley Nº 29166, que aprueba las reglas del empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, es en parte inconstitucional.

Señala que al expedirse nueva Ley deberá hacerse en base a Principios de Naciones Unidas para el uso de la fuerza letal:

TC DECLARA FUNDADA EN PARTE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY REFERIDA AL USO DE LA FUERZA MILITAR

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 29166, que aprueba normas complementarias a la Ley Nº 28222 y las reglas del empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en consecuencia: inconstitucional el articulo 7º, que establece que "en las situaciones descritas, (...) y en caso necesario, el personal militar puede hacer uso de la fuerza letal", incorporando la regla fundamental contenida en uno de los fundamentos de la sentencia, hasta que el legislador expida nueva regulación sobre la materia.

Así lo dispone en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0002-2008-PI/TC (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00002-2008-AI.html) presentado por 31 Congresistas de la República, señalando que para la expedición de la nueva ley el Congreso deberá tener como base los Principios de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza letal:

a) El uso de la fuerza y de la fuerza letal por parte del personal militar se sujetará a lo dispuesto en la Constitución y los tratados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, según sea el caso.

b) El uso de la fuerza y de la fuerza letal solamente se utilizará en circunstancias excepcionales y como medida de último recurso con el fin de disminuir el riesgo de daños innecesarios.

c) El uso de la fuerza letal será empleado cuando sea estrictamente inevitable y razonable para proteger el derecho a la vida u otro bien jurídico fundamental.

d) El personal militar deberá advertir, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de la fuerza y de la fuerza letal.

e) El uso de la fuerza no contemplará el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado a terceros.

f) La autoridad competente podrá abrir una investigación de oficio cuando existan indicios razonables de que las medidas de fuerza empleadas no cumplieron con las normas preestablecidas.

El TC declara también inconstitucional la frase "capacidad del enemigo" e incorporar en su reemplazo el término "capacidad del grupo hostil" al artículo 10º de la Ley cuestionada, del mismo modo se declara infundada la demanda en el extremo referido a la primera parte del párrafo 7º de la Ley Nº 29166, se dispone que parte "cuando el personal militar, en cumplimiento de su función constitucional, participa en el control del orden interno en zonas declaradas en estado de emergencia", se aplique únicamente previa declaratoria del estado de emergencia por el Presidente de la República de acuerdo con el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución.

Se declara infundada la demanda en el extremo referido a la segunda parte del primer párrafo del artículo 7º de la misma Ley, quedando redactado de la siguiente manera: "o en apoyo al control del orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia para los casos de narcotráfico, terrorismo y la protección de las instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, en los términos establecidos en la ley, hará uso de la fuerza" (...).

El TC exhorta al Congreso de la República para que adopte una legislación que desarrolle el artículo 137º de la Constitución relativo al estado de emergencia y al estado de sitio, de acuerdo con el fundamento 31º de esta sentencia, también para que adopte una legislación que desarrolle las situaciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas puedan actuar para mantener el orden interno en situaciones no declaradas bajo estado de emergencia enmarcados en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país de acuerdo con los lineamientos establecidos en los fundamentos 51º y 52º de la sentencia.

Finalmente, exhorta al Congreso de la República para que adopte una legislación referida al uso de la fuerza en situaciones contempladas en conflictos armados internos y en situaciones de tensiones internas, de acuerdo con los fundamentos 65º y 66º de esta sentencia.