Diplomado en Derecho Civil - Cajamarca

Un diplomado muy interesante en Cajamarca.

Inscripciones: Colegio de abogados de Cajamarca - Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Inicio: 30 de octubre, hasta el 5 de diciembre.

Los derechos de la naturaleza y el cambio climático.

Por: Rodrigo Arce[1]

La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo

hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos.
Eduardo Galeano

Como ya es de público conocimiento la Constitución Política del Ecuador del 2008 ha reconocido los derechos de la naturaleza produciendo un estremecimiento en los predios del Derecho, conmoción que todavía no termina por ser asimilada pero que da luces sobre nuevas perspectivas y formas de dar respuestas ante fenómenos globales como el cambio climático.

La raíz de esta discusión es que por definición el Derecho corresponde al hombre en tanto persona. Los derechos generan a su vez obligaciones y definen una relación de exigibilidad y de cumplimiento. Como la naturaleza no es persona entonces sólo podría ser objeto del derecho más no sujeto de derecho. Con esta premisa supuestamente el debate había llegado a su fin pero tanto por los impactos del cambio climático como por la propia evolución del pensamiento jurídico el tema ha vuelto a aparecer y ahora con mucho mayor fuerza.

Más allá de las historias de santos cristianos que trataban fraternalmente a los animales, también se conoce que en pueblos indígenas los animales son personas, los cerros son personas e incluso las granizadas son personas. Incluso para los budistas Tibetanos los animales tienen alma. Si para estas culturas los componentes del mundo biofísico son personas entonces para estas culturas aplicaría el concepto de los derechos de la naturaleza. La pregunta es: ¿sólo para estas culturas? Hay que tener presente que desde el propio Derecho se ha creado una figura artificial denominada la persona jurídica que en sentido estricto no es una persona aunque esté conformada por personas con capacidad de tomar decisiones. El concepto de persona jurídica se ha creado con fines patrimoniales y en la relación hombre-naturaleza la pregunta entonces es ¿quién posee a quién? ¿O se trata acaso de no referir a una relación de dominio o de propiedad sino de convivencia?


Revisando la literatura uno encuentra que en el Derecho el tema no es nuevo. Christopher Stone profesor de la Universidad del Sur de California mostró la necesidad de reflexionar sobre la forma en que el ser humano se relaciona con la Naturaleza y habló del derecho de los árboles. El profesor Stone planteó que los árboles deberían tener derecho a representación legal y cuando sean objeto de daño también deberían tener derecho a la reparación. En la teoría de Stone, el medio no existe para el hombre pero puede ser que el hombre exista para el ambiente (Molina, 2008).

Sánchez (2008) cuestiona el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos: “Debemos precisar que la naturaleza no tiene las propiedades de las personas morales que justificaría la titularidad de derechos subjetivos, esto es, no tiene capacidad para elegir y materializar planes de vida, no puede adoptar decisiones, no tiene autoconciencia como ser independiente y separado. Esto nos lleva a concluir que quienes gozarán de los derechos de la naturaleza son los seres humanos mismos”.

En esta misma perspectiva Ruiz (2008) se pregunta: ¿Se da solución al problema del irrespeto, estableciendo “derechos” de la naturaleza? ¿Puede esta ser sujeto de derechos y de las correspondientes obligaciones? Para el autor:
“Una cosa es normar la obligación de las personas humanas de respetar la naturaleza; otra es establecer “derechos” de la naturaleza”. En su perspectiva no es un tema de derechos sino de educación: “Sin la corrección de las causas del irrespeto habrá solo declaración, no solución. La corrección pasa por una educación humana integral”.
Por su parte, Acosta (2008) en el entendimiento de la perspectiva del desarrollo sustentable que reconoce la relación intrínseca del hombre con la naturaleza implica reconocer que la Naturaleza tiene que ser asumida como sujeto de derechos: “Derechos de la Naturaleza que deben ser reconocidos a partir de la identidad del ser humano que se encuentra a si mismo en tanto parte de ella. Y desde esta perspectiva amplia e incluyente, el nuevo marco normativo constitucional de nuestro país, en consecuencia, tendría que reconocer que la Naturaleza no es solamente un conjunto de objetos que podrían ser propiedad de alguien, sino también un sujeto propio con derechos legales y con legitimidad procesal”.
Esta tesis liderada por Ecuador ahora también tiene defensores en Alemania, Suiza y Francia. Como afirma Cartay (2008): “El cambio que se propone es hacer de la Naturaleza, tradicionalmente considerada como objeto de derecho, sometida a todo tipo de explotación, un sujeto de derecho; pasar de una concepción antropocéntrica a una concepción biocéntrica o ecocéntrica; se trata, en fin, de un cambio de perspectiva”.

Afirma Martínez (2008): “El reconocimiento de los derechos de la naturaleza plantea simultáneamente el tema de titularidad y la tutela. La titularidad tiene que ver con la condición de ser sujeto de derechos propios, y tutela con quien representa o hace aplicables los mismos. Esto plantea un cambio de visión, pues la naturaleza ya no sería un objeto que puede ser propiedad de las personas, sino un sujeto con derechos propios”. Complementa la autora que: “el sistema de tutela de los derechos de la Naturaleza puede y debe ser compartida entre los individuos y colectividades que tienen derecho a interponer acciones en defensa de la naturaleza, y con la existencia de una institución del Estado especializada que ejerza el patrocinio público de los derechos de la Naturaleza”.


Frente a las perspectivas del cambio climático urge analizar si la forma más efectiva de estabilizar las concentraciones de carbono procede del Derecho, de la educación, la comunicación, de los mecanismos de mercado, de todas ellas o de una estrategia que pondere cada uno de los factores se base en aquellos de efecto catalizador. En los procesos de gestión del cambio el fenómeno catalizador es el reconocimiento del sentido de urgencia del cambio. La pregunta de fondo es: ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que efectivamente podamos revisar nuestro estilos de vida, de consumo y de entender y sentir el buen vivir? En todo caso la invitación a la reflexión y acción está hecha.

DERECHOS DE LA NATURALEZA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DEL 2008

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Bibliografía citada:

Acosta, Alberto. 2008. La naturaleza como sujeta de derechos. CLAES.Quito.

Cartay, Belkis. 2008. La naturaleza: objeto o sujeto de derechos. Facultad de Arquitectura de la Universidad de Los Andes. , 16 p.

Martínez Esperanza, 2008. Los derechos de la naturaleza. Nueva arma de lucha frente a las actividades petroleras en los países amazónicos. Maippa. 11 p.

Molina, Miguel. 2008. Derechos de la naturaleza en Ecuador. Publicado el 7 de octubre en BBC.

Ruiz, José. 2008. Derechos de la Naturaleza. El Universo. Guayaquil.

Sánchez, Luis. 2008. Los derechos de la naturaleza. Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Quito.





[1] Ingeniero Forestal. rarcerojas@yahoo.es

¿Despenalizar el aborto y la eutanasia, en el Perú?

¿Tiene alguien derecho a decidir sobre la vida? La pregunta ha cobrado especial importancia luego de conocerse que la comisión especial revisora del Código Penal, integrada por 14 personas, acordó hace solo dos días —con cuatro votos a favor, dos en contra y dos abstenciones— despenalizar tanto el aborto eugenésico como el mal llamado aborto sentimental, que tiene como fin impedir el nacimiento de un feto cuando la mujer ha sido víctima de violación sexual.
“Debo lamentar la decisión adoptada… No estoy de acuerdo porque soy un defensor de la vida y de los derechos humanos”, dijo el presidente de esa comisión, el congresista Carlos Torres Caro (no agrupado).

TAMBIÉN LA EUTANASIA

La misma comisión que preside ese parlamentario aprobó, hace solo dos semanas, una modificación al artículo 112 del Código Penal relativo al homicidio piadoso (eutanasia).

Aunque dentro del cambio propuesto se aumenta la pena de cárcel de dos a cuatro años (el Código Penal solo considera una pena privativa de libertad no mayor de tres años), se hace un agregado que deja abierta la posibilidad de que el juez pueda eximir de sanciones “cuando la muerte hubiera sido solicitada de modo consciente por el enfermo, herido o quien sufrió graves quemaduras”. Lo que llama la atención de esa modificación es que esta no haya sido puesta en conocimiento público en su debido momento y que, más bien, se mantuviera casi en secreto hasta ayer, cuando El Comercio tuvo acceso a esa información. “¿Cómo se enteró usted?”, preguntó el congresista Torres Caro.

EL ABORTO

Pero además de la eutanasia, la comisión modificó los artículos 114 al 120 del Código Penal relativos al aborto. El más polémico es el último, referido tanto al aborto eugenésico —llamado así porque se interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas, o taras físicas o psíquicas que han sido comprobadas por un médico especialista— como al aborto por violación sexual. Ambos casos son castigados por el actual Código Penal con solo tres meses de pena privativa de libertad, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.

Para Torres Caro, este es el quid del asunto, toda vez que una investigación para sancionar la responsabilidad de los involucrados en cualquiera de los delitos señalados puede llevar hasta medio año, lo que conlleva a la prescripción de la pena.

Aun así, un hecho que llamó la atención es que uno de los miembros de la comisión nombrado por el Ministerio de Justicia votó a favor de la despenalización del aborto, no obstante que esa cartera había expresado su posición en contra con antelación.

Debido a esta contradicción, anoche el titular de Justicia, Aurelio Pastor, lamentó que uno de los comisionados, Rosa Mavila León, haya votado en sentido contrario, por lo que se le ha pedido un detallado informe al respecto. El ministro ratificó la posición institucional en contra de la despenalización del aborto.

La comisión revisora también examinó las propuestas para aprobar el aborto por necesidad (embarazo no deseado) y el aborto por indigencia, pero ambas fueron rechazadas.

LO QUE SE VIENE

Por ahora, la comisión especial revisora del Código Penal continuará con su trabajo hasta mediados de diciembre, aunque es probable que soliciten una ampliación, detalló Torres Caro.
Una vez concluidas las modificaciones del Código Penal, estas serán elevadas al presidente del Congreso, quien decidirá si son llevadas al pleno para su discusión y aprobación, o son remitidas a la Comisión de Justicia para su revisión.

Fuente: http://elcomercio.pe/noticia/352281/se-despenalizar-aborto-eutanasia-empezo-debate-congreso

Autores: Por José Santillán / Fabiola Torres

Aprueban en comisión despenalziar el aborto eugenésico.

La comisión especial revisora del Código Penal acordó ayer —por cuatro votos a favor y dos en contra— despenalizar el denominado aborto eugenésico, es decir impedir el nacimiento de un feto que clínicamente ha sido diagnosticado con malformaciones congénitas. Del mismo modo, la propuesta señala que podrían abortar las mujeres que han sido víctimas de violación sexual.
El Código Penal contempla actualmente una pena privativa de libertad no mayor a tres meses para sancionar estos casos.

A favor de la propuesta votaron Rosa Mavila, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL); Víctor Prado, representante del Poder Judicial; Luis Bramont, de la Asamblea Nacional de Rectores, y Ricardo Váscones, del Ministerio de Justicia.

En el caso del aborto eugenésico, ellos argumentaron que a una mujer no se le puede imponer la carga de tener un hijo “que se va a morir”.

En contra de la propuesta votaron Arsenio Oré, miembro del CAL, y Fernanda Ayasta, representante del Ministerio de Justicia, quienes argumentaron que debía protegerse la vida del niño concebido, independientemente de las circunstancias.

El presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Carlos Torres Caro (No Agrupado), lamentó la decisión. Explicó que esta propuesta forma parte del proyecto integral que se presentará al Congreso una vez que concluya la reforma del Código Penal.

La propuesta de despenalizar el aborto hasta la duodécima semana de gestación fue rechazada. Actualmente, el aborto terapéutico ya está despenalizado.

CONTRADICCIÓN

Durante la sesión anterior se informó que la posición del Ministerio de Justicia era contra la despenalización del aborto. Sin embargo, uno de sus representantes votó a favor.
Este Diario intentó comunicarse con el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, pero no respondió el teléfono.

El médico Luis Solari dijo que la despenalización es una vergüenza para el Congreso.
El movimiento feminista Manuela Ramos, en cambio, celebró la aprobación del proyecto.

QUÉ DICE LA LEY

Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.Artículo 2, Constitución Política del Perú.

REACCIONES

“Todos tenemos derecho a la vida. La ciencia ha avanzado tanto que uno no sabe si un niño se podrá recuperar. Este planteamiento se debe reconsiderar”.MICHAEL URTECHO. CONGRESISTA

“Desde la concepción hay vida y la Constitución la protege. El sistema jurídico protege al más débil. Se pueden plantear acciones de inconstitucionalidad”.NATALE AMPRIMO. CONSTITUCIONALISTA

Fuente: http://elcomercio.pe/impresa/notas/aprueban-comision-especial-legalizar-aborto/20091007/351835

Justifican reformas en juicios laborales.

Sindicatos defenderán a afiliados sin necesidad de poder especial .

Gestantes, menores y los discapacitados tendrán defensa pública.

La justificación de los cambios que plantea el proyecto de ley procesal de trabajo para la celeridad de estos juicios, como la principal garantía para que un mayor número de trabajadores pueda acceder a la justicia y, en consecuencia, al reconocimiento de sus derechos, realizó la titular de Trabajo, Manuela García, ante la Comisión de Trabajo del Congreso de la República.“Esta iniciativa constituye una verdadera revolución de la justicia laboral porque permitirá resolver procesos, que ahora tardan entre tres y cuatro años, en sólo seis meses, reduciendo así drásticamente la carga procesal”, dijo. Entre las novedades incorporadas a esta propuesta, explicó que el juez puede dictar una medida de reposición provisional de trabajadores que, en el momento del despido, hayan sido dirigentes sindicales, menores de edad, madres gestantes o personas con discapacidad. En estos casos, el trabajador deberá acreditar su condición antes del cese y demostrar que la demanda es verosímil para solicitar esta medida como parte del proceso cautelar.En los procesos en que se pretende la reposición, además, el juez podrá disponer la entrega de una asignación provisional mensual cuyo monto será fijado por quien está a cargo del proceso. Éste no podrá exceder de la última remuneración mensual percibida por el trabajador, con cargo a la CTS.Si la sentencia ordena la reposición, el empleador restituye el depósito de la CTS más sus intereses y, en caso de ordenarse el pago de remuneraciones devengadas, ésta se deducirá la asignación percibida.

EsfuerzosEl proyecto de la nueva Ley Procesal de Trabajo fue impulsada por el MTPE y fue aprobada por el Consejo de Ministros en setiembre último. Ahora está siendo sometida a consideración de la Comisión de Trabajo del Congreso. En su elaboración participaron el ex ministro de Trabajo, Mario Pasco Cosmópolis, Paul Paredes, Katty Aquize, Hernán Figueroa Bustamante, Roberto Acevedo Mena, Guillermo Guardia Salas, Óscar Morales, José Arca Gonzales, Juan José Blossiers, Omar Toledo y Francisco Gómez Valdez, cuya labor fue reconocida por el sector a través de la RM Nº 289-2009-TR.

Garantías a grupos vulnerablesOtra de las novedades de esta iniciativa es que los sindicatos podrán actuar en defensa de sus afiliados sin necesidad de poder especial de representación. Las madres gestantes, el menor de edad y las personas con discapacidad, además, tendrán derecho a la defensa pública. Mientras que los menores de edad podrán comparecer sin requerir de representante legal. En el caso de menores de 14 años se pondrá en conocimiento del Ministerio Público.

Aprueban reglamento para garantizar defenza legal a personas de bajos recursos.

Para asegurar el derecho de defensa de las personas de escasos recursos económicos, el Ministerio de Justicia (Minjus) aprobó el nuevo Reglamento de la Ley del Servicio de Defensa Pública, mediante el DS Nº 013-2009-JUS.

Así, el servicio de defensa penal pública garantiza el respeto al derecho de defensa de las personas de escasos recursos económicos imputadas de delitos o faltas y de los adolescentes infractores de la ley penal.

Según la norma, los defensores públicos que integran los consultorios jurídicos populares y los defensores públicos adscritos a ellos deberán absolver las consultas de carácter legal que formulen los usuarios,en materia civil y de familia.

“PLAZO RAZONABLE” EN EL CASO HUMALA TASSO, ANTAURO IGOR Y OTROS. - Extracto de habeas corpus.

Por Germán L. Dávila Gabriel

El presente proceso de Habeas Corpus, como se recordará recientemente causó una polémica tanto en el campo jurídico como en la población en general, por esa razón es necesario extraer notas interesantes de dicha sentencia que todo profesional o estudiante de derecho debe conocer.

En esta sentencia el Tribunal Constitucional por mayoría declaró infundada al recurso de agravio constitucional en la demanda de Habeas Corpus interpuesto por don Isaac Humala Nuñez y otro a favor de Antauro Igor Humala Tasso y otros, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 03 de Enero de 2008 expedida por la Sala Penal con Procesos con Reos Libres de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dispone la prolongación de la detención de los favorecidos por 36 meses adicionales (72), así como la nulidad de su confirmatoria, recaída en el proceso penal que se les sigue por la presunta comisión de los delitos de rebelión, homicidio calificado, secuestro y sustracción o arrebato de armas de fuego, en consecuencia ordene su inmediata libertad.

Sostienen que la resolución que dispone la prolongación de la detención: 1) ha sido emitida por la Sala Superior emplazada, quién se ha arrogado la competencia exclusiva del juez penal y que la Sala Superior solo conoce el caso en grado de apelación o consulta, 2) que ha sido emitida sin conocimiento de los beneficiarios, contraviniendo en ambos supuestos el Art. 137 de Código Procesal Penal, 3) que el plazo máximo de la duplica de la detención preventiva (36) meses ha vencido en algunos el 1 de Enero de 2008 y en otros el 2 de enero de 2008, sin que hayan sido puestos inmediatamente en libertad, por lo que, la resolución de fecha 3 de enero de 2008 que dispone la prolongación de la detención preventiva por 36 meses adicionales no les resulta aplicable, toda vez que ha sido emitida luego de vencido el plazo.

La Sala en los fundamentos de los hechos de la demanda sustenta la pretensión en dos postulados: a) que los vocales (hoy Juez Superior) que integran la Sala, se arrogaron ilegalmente la competencia exclusiva del Juez Penal para prolongar la detención provisional toda vez, que dicha atribución le corresponde única y exclusivamente a este último, es decir al Juez Penal, y b) que la prolongación de la detención provisional se efectuó sin conocimiento de los procesados.
En el análisis sobre el fondo de la controversia constitucional se señala:

El derecho a ser juzgado por un juez competente y la competencia de la Sala Pena Superior para disponer la prolongación de la detención preventiva.

Recuerda que los favorecidos vienen siendo juzgados en la vía del proceso penal ordinario por la presunta comisión de los delitos de rebelión y otros. Es claro que uno de los elementos que preside los casos en que se cuestiona el mantenimiento de la detención preventiva es la privación de la libertad personal sin que exista sentencia condenatoria en primer grado, no obstante el tiempo transcurrido. Si bien el tercer párrafo del Art.137 del C.P.P de 1991 señala que “..la prolongación de la detención se acordará mediante auto debidamente motivado de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado..”, también lo es que dicha afirmación sólo resulta válida cuando se trata de los procesos penales sumarios en los que corresponde al Juez Penal emitir sentencia de primer grado y a la Sala Superior conocer el caso penal en grado de apelación; por tanto, de ser el caso, sólo aquel Juez penal podría disponer la continuación de la prisión preventiva en tanto que no exista sentencia dictada por él; sin embargo, tan razonamiento no sería de ampliación tratándose de los procesos penales ordinarios, ya que en este tipo de procesos quién realiza el juicio oral y emite la sentencia en primera instancia no es el Juez Penal sino la Sala Superior que es el caso de autos, lo que no necesita llegar a una interpretación teleológica o funcional del texto de la norma, ya que puede suceder que estando el proceso penal ordinario en la fase del juicio oral se produzca el vencimiento del plazo máximo de la detención preventiva. En ese sentido, la tesis de la demanda según la cual la Sala Superior emplazada no tuvo competencia para disponer la prolongación de la detención provisional resulta desatinada y hasta nociva ya que es opuesta a los principios de economía y celeridad procesal, porque tendría que devolver los autos al Juez penal para que sea éste quien se pronuncie sobre el mantenimiento de la medida coercitiva de la libertad.

En tal sentido, dado que los beneficiarios vienen siendo los procesados en la vía del proceso ordinario por la presunta comisión de los delitos de rebelión y otros, y que a la fecha de emisión de la cuestionada resolución de Sala Superior emplazada ya había asumido competencia del proceso penal, se concluye que aquella resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la medida coercitiva de la libertad, cuando el plazo estuviera por vencerse o estuviera vencido.

El derecho de defensa y la comprobación del inculpado.

El tribunal señala que su tutela se efectiviza desde una doble dimensión; una material (referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa, y otra formal que supone el derecho a una defensa técnica, esto es al asesoramiento y patrocinio de un Abogado.

En este caso debido al cuestionamiento, se precisa que la redacción original del tercer párrafo del Art. 137 del CPP de 1991, establecía que la prolongación de la detención preventiva deberá ser acordada a solicitud del fiscal y con audiencia del inculpado, también lo es que la redacción actual del mencionado artículo señala que : "…la prolongación de la detención se acordará mediante auto debidamente motivado, de oficio por el juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado…”, lo cual resulta aplicable al caso de autos. En relación a este punto basta con entender que la sola participación del recurrente cuestionando la medida denota conocimiento de su existencia, puesto que para la impugnación se tiene que conocer obviamente el contenido y los alcances de la decisión cuestionada.

Finalmente, en cuanto a la denuncia en el sentido de que respecto a ciertos beneficios se habría vencido el plazo de su detención en momento anterior a la emisión de la resolución de prolongación de detención, al respecto el Tribunal precisa, que por diversas razones, especialmente la enorme carga procesal, no le resulta al juez posible humanamente el cumplimiento riguroso del mandato legal y se pregunta ¿será posible sancionar con la nulidad la decisión jurisdiccional tardía con el único sustento de su tardanza? Evidentemente no, porque esa decisión ha cumplido con su finalidad aunque con tardanza en su emisión, en todo caso no podría pedirse la nulidad de la resolución por su demora sino la sanción disciplinaria al Juez por el tardío cumplimiento de su deber.

Continúa con el comentario del voto de un Magistrado con más fundamentos que las mencionadas…

1.- EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE Y LA DETENCIÓN JUDICIAL PREVENTIVA.

La razonabilidad de la prórroga de la detención judicial preventiva, debe ser analizada de conformidad con el plazo razonable al que se refiere el Inc. 5 del Art.7 y el Inc. 1 del Art. 8 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce que toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada por un Juez o Tribunal competente, independiente é imparcial dentro de un plazo razonable. Sobre el particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Valle Jaramillo y otros, complementando su jurisprudencia sobre los tres elementos que deben apreciarse para evaluar la razonabilidad del plazo, ha precisado que ahora son los cuatro elementos:

A) La complejidad del asunto
B) La actividad procesal del imputado o el comportamiento de los procesados
C) La conducta de las autoridades judiciales y
D) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

En el Exp. 3771-2004-HC-TC se estableció solo tres elementos y son:

A) Complejidad del proceso.
B) La actuación de los órganos jurisdiccionales y
C) La actividad procesal del detenido.

Analizaremos cada uno de los cuatro elementos para evaluar la razonabilidad del plazo:

A) La complejidad del asunto (o complejidad del proceso)

A su vez está compuesto por:

1.- El establecimiento de los hechos, los cuales pueden ser complejos.
2.- El análisis jurídico de los acerca de los cuales se ha producido el proceso penal.
3.- La prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o complicada;
4.-La pluralidad del agraviado o inculpados, con sus respectivas posiciones y razonamiento.
5.-La gravedad de los hechos
6.- La jurisprudencia cambiante y contradictoria, y
7.- La legislación ambigua o incierta.

B) La actividad o conducta procesal del imputado.

Con relación a la conducta procesal, cabe destacar que esta puede ser determinante para la pronta resolución del proceso o la demora de este cuando el imputado adopta un comportamiento procesal obstaculizador o dilatorio (ejems. interposición de diversos procesos, como habeas corpus, amparo, interposición de recursos impugnatorios entre otros).

C) Conducta de las autoridades judiciales.

Para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente:

1.- La insuficiencia o escasez de los tribunales.
2.- La complejidad del régimen procedimental y
3.- La abrumadora carga de trabajo. Estos datos de la realidad, en cierta medida, pueden justificar la prórroga o ampliación del plazo de detención judicial preventiva.

Además, para determinar si la conducta es razonable o arbitraria debe evaluarse también si la actividad de las autoridades judiciales que vienen procesando a los beneficiados ha sido ejercida con reflexión y cautela justificables, o desempeñada con excesiva parsimonia y exceso de ritualismos.

D) La afectación generada en la situación jurídica de la persona.

En cuanto al cuarto elemento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre los elementos, la materia objeto de controversia. Así la corte IDH ha establecido que si el paso de tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un breve tiempo.

2.-DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE.

a.- Plazo razonable del proceso penal.-

Con relación al plazo razonable la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el principio de “plazo razonable” al que hacen referencia los Arts 7. Inc. 5 y 8. Inc 1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente, y que particularmente en materia penal dicho plazo debe comprender todo el procedimiento incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.

Complementando ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, en materia penal, el plazo del proceso penal comienza: 1) en la fecha de la aprehensión del individuo, y 2) que cuando no ha habido aprehensión del individuo, pero se halla en marcha el proceso penal dicho plazo debe contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso.

b.- Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.-

En cuanto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y su relación con la prisión preventiva, la Corte IDH ha entendido que este derecho reconocido en el Inc. 5) del Art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza: el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, es decir, que este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Por ello, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento.

c.- Plazo razonable y detención judicial preventiva.-

Sobre la detención judicial preventiva, también conocida como prisión preventiva la corte IDH ha destacado que, es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo que su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, pues es una medida cautelar no punitiva. El examen de la razonabilidad del plazo – conforme los señala la jurisprudencia de la Corte IDH – debe iniciarse, en primer término, por valorar si las causas y fines que justificaron la privación de la libertad se mantienen; esto es, que se mantengan a) los indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga; b) la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia; en segundo término, si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad formal de oponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el derecho de defensa se manifestó como verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, de tal suerte que implicará una respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades en relación con los descargos.
En ese sentido el Tribunal Constitucional en el fundamento 7 de la sentencia recaída en el Exp. Nro.02915-2004-HC/TC ha precisado que “el derecho a la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva es distinto – tanto en su contenido como en sus presupuestos del derecho a la razonabilidad del proceso en su totalidad.

Fuente: Exp. Nro. 01680-PHC/TC, caso Humala Tasso, Antauro Igor y otros.